O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter as condenações dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, rejeitando os pedidos de revisão apresentados pela defesa dos acusados. A corte manteve o entendimento de que as penas aplicadas são proporcionais aos crimes cometidos durante a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília.
Facción planeaba vigilancia tecnológica contra la policía
En una revelación que preocupa a las fuerzas de seguridad, las investigaciones contra la facción Comando Vermelho (CV) descubrieron que el grupo criminal pretendía adquirir un drone equipado con cámara térmica para monitorear los movimientos policiales durante la noche.
El plan fue descubierto durante una operación en São Paulo, donde las autoridades incautaron un teléfono celular que contenía conversaciones sobre la intención de comprar el equipo de vigilancia avanzada. La tecnología térmica permitiría a la facción identificar la ubicación de agentes policiales incluso en condiciones de poca visibilidad.
Operación policial desarticula plan criminal
La investigación que reveló el plan del Comando Vermelho forma parte de una operación más amplia contra la facción. Según las autoridades, la adquisición del drone con capacidad de visión nocturna representaría un grave riesgo para la seguridad pública y para la integridad de los agentes de seguridad.
El uso de tecnología avanzada por parte del crimen organizado preocupa cada vez más a las fuerzas de seguridad brasileñas, que han observado una sofisticación creciente en los métodos utilizados por las facciones criminales.
STF cierra puertas a revisiones del 8 de enero
La decisión del Supremo Tribunal Federal consolida las condenas ya impuestas a los responsables de los ataques a las instituciones democráticas. Los ministros entendieron que no hay nuevos elementos que justifiquen cambios en las sentencias ya dictadas.
El episodio del 8 de enero, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, sigue generando repercusiones en el sistema judicial brasileño más de dos años después de los hechos.
